Fijar el precio por ley por debajo del de mercado suena bien en campaña electoral pero provocaría más demanda que oferta disponible y frustración social.
La escuela escolástica de Alcalá de Henares y Salamanca en el siglo XVI ya explicaba la dinámica de la economía de mercado y los precios. Desde hace milenios, cuando alguien quiere comprar y alguien quiere vender hay un precio al que se ponen de acuerdo, puede ser con dinero o con trueque. Un ejemplo es la mansión que se compraron Pablo Iglesias e Irene Montero.
Por concepto, para que haya mercado, la oferta y la demanda siempre son iguales. Cuando hay presión compradora los vendedores de viviendas suben los precios. Y al revés en la crisis cuando las ventas de viviendas se hundieron el que quería vender su casa tenía que bajar el precio.
En la mayoría de provincias los precios siguen por debajo de los máximos de 2007 y en la España vacía los precios caen. Pero en las ciudades más dinámicas donde crece el empleo y la población los precios han subido con fuerza desde 2014. Según Idealista, en el último trimestre de 2018 los precios empezaron a bajar. Eso estaría indicando que la demanda pierde fuerza y si tienes prisa por vender hay que bajar el precio que ofreces. En Barcelona, según Idealista, los precios llevan dos años cayendo. El intento de independencia fracasó pero está dejando consecuencias económicas.
El mayor problema es en el alquiler. La oferta es muy restringida y la presión de demanda es muy intensa. Las nuevas generaciones cambian sus gustos y prefieren vivir en el centro de las ciudades y prescindir del coche. Los salarios de los jóvenes son precarios y comparten pisos grandes, lo cual permite a los propietarios aumentar el precio por partes más que cuando lo alquilaban entero. A eso debemos sumar el boom de alquiler turístico, aunque en 2018 las pernoctaciones cayeron con fuerza.
La solución es aumentar la oferta y desincentivar el fuerte crecimiento de la demanda. El problema es que el desarrollo de suelo y la construcción tarda años en ejecutarse. Algunos alcaldes, como Juan Espadas en Sevilla, en 2015 priorizaron la vivienda pública en alquiler y residencias para estudiantes para reducir la presión sobre los precios. En Barcelona, en 2015 la vivienda preocupaba solo al 2% de los barceloneses y Ada Colau prometió que sería su prioridad. Hoy es el principal problema de los barceloneses, Colau no ha hecho política de vivienda y solo tiene ocurrencias de activista.
Los españoles acumulamos principalmente nuestra riqueza en vivienda pero muchas están vacías por miedo al impago. Los seguros privados de impago son caros y no solucionan el problema. El Estado debería crear un seguro que garantice al propietario el cobro y al inquilino un precio sin incertidumbre, menor que el de mercado y estable durante un periodo. Planificar y fijar el precio por ley por debajo del precio de mercado suena bien en campaña electoral pero provocaría más demanda que oferta disponible; también generaría frustración social y frenaría en seco la inversión y la creación de empleo en los edificios del centro de las ciudades españolas.